Programa republicano para los asuntos sociales

La prioridad de cualquier gobierno democrático y republicano es garantizar que, tanto hombres como mujeres son iguales, con los mismos derechos a la vida, libertad y búsqueda del desarrollo personal como medio para alcanzar la felicidad. Por tanto, poner al servicio de los ciudadanos todos los beneficios obtenidos por Andalucía de la riqueza creada por el esfuerzo colectivo.

Todas las políticas que dependen del gobierno republicano deben, por tanto, estar diseñadas para hacer que Andalucía sea capaz de generar toda la riqueza de la que es capaz, solo con el único objetivo de ponerlo a disposición del bien colectivo de la sociedad.

La política social debe, del mismo modo, dar respuesta a los flujos de emigración e inmigración de los ciudadanos y ciudadanas que se vean obligados por cualquier motivo, así como de aquellas personas que lleguen a nuestra República en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza extrema, o zonas de guerra. Todas las personas que vivan en Andalucía tienen las mismas obligaciones, y por tanto, los mismos derechos como ciudadanos.

Por motivos culturales, históricos y de identidad, la sociedad andaluza se basa en la unidad familiar. Por ello, garantizar su unidad y bienestar en común, es el objetivo fundamental de cualquier programa de gobierno. Para ello es necesario que las necesidades básicas de la familia estén garantizadas, comenzando con la protección integral a su unidad como eje de la colectividad social.

Transformar la política de acogida de menores por parte de la República, que deber pasar, de la actual e ineficaz retirada de la custodia de los hijos a las familias con problemas, a prestar la tutela integral a la familia. Bajo ningún concepto debe ser retirada la custodia de un menor a sus padres sin haber agotado, de forma previa, todas las políticas de protección integral de la familia. Poner la fiscalía de menores al servicio de la garantía de la unidad familiar, y que se cumplan las acciones sociales encaminadas a tal fin.

La principal causa de la baja natalidad en los países más desarrollados es la falta de tiempo para dedicarlo a los hijos, debido a las responsabilidades profesionales y laborales de ambos miembros de la pareja. Es por tanto de vital y determinante importancia que la República ponga todos los medios posibles para facilitar y conciliar la vida familiar con la profesional.

Unos de los principales problemas de cualquier sociedad moderna es el cuidado de los menores durante el periodo de trabajo de sus padres. De modo muy especial de 0 a 3 años, o lo que es lo mismo el periodo de guarderías. Estas deben ser de la mayor calidad, tanto a nivel de instalaciones como de la capacitación profesional de los trabajadores en las mismas.

En una República de Andalucía -solvente por naturaleza- es sano que los ciudadanos premien a las grandes empresas que mejor comportamiento social ofrezcan. Será un plus en el valor de sus productos e incluso para la presentación de currículos, lo que, de forma indefectible, revertirá en la competitividad de las empresas. Por tanto, que sean ellas las que, en un entorno promovido por la administración con una red pública de guarderías, las que decidan si se suman o no, a una visión social en aras de su competitividad e imagen.

Red de guarderías públicas para autónomos, microempresas y trabajadores de PYMES. Ya Tiene que ser extensible a ambos géneros, ya que estamos en una sociedad en la que, el cuidado de los niños es cosa de ambos miembros de la pareja, y de decisiones entre iguales.

Estos dos pueden ser de distinto género o del mismo…, sin olvidarnos de la transexualidad. La red, por otro lado, tiene que ser lo suficientemente fuerte para expandir su oferta más allá de los casos propuestos.

Garantía alimentaria a familias en estado de pobreza con especial atención a la infancia. El objetivo final de cualquier República es garantizar el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, pero entre todas las necesidades básicas, la más elemental es el acceso una a alimentación suficiente y correcta para todos/as, pero de forma muy especial para los niños y adolescentes.

Lo lógico es que la República sea capaz de generar la riqueza y puestos de trabajo dignos, como para que los ciudadanos, por sí mismos, no dependan de las garantías alimentarias básicas, pero del mismo modo, mientras se alcanza ese nivel de renta familiar necesaria, la alimentación básica debe estar garantizada.

Una tierra rica como es Andalucía, con capacidad más que suficiente como para generar alimentos de calidad, no puede permitirse el deshonor de consentir que los andaluces pasen necesidades alimenticias. Para ello es necesario poner en marcha las medidas adecuadas para garantizar la alimentación entre la ciudadanía.

 

  • Cheque alimentos personalizado canjeable en cualquier establecimiento de alimentación andaluz. No es digno que en Andalucía las ONG se tengan que dedicar a repartir alimentos, o la existencia de Bancos de Alimentos, cuando la máxima responsabilidad de garantizar los mismo, reside en el Gobierno de la República.
  • Los alimentos tienen varios días –algunos, semanas- de vigencia después de la fecha recomendada de caducidad. ¿Cómo se podría arbitrar esto, para que esos alimentos, en vez de ir al contenedor, vayan a las familias necesitadas?

Obligatoriedad de alimentación escolar, desayunos y comedores a cargo de los presupuestos de la República, en los colegios públicos, para garantizar una correcta alimentación y hábitos saludables, incluido los periodos vacacionales.

Ley de dependencia completa de personas con problemas de salud. Si existe una máxima responsabilidad por parte de la República, es la de los ciudadanos que necesitan cuidados especiales. Las personas con dependencia son aquellas que más capacidad de respuesta social y solidaria necesitan, por ello, y del mismo modo, las que más atención y recursos deben recibir.

La República debe, por tanto, poner a disposición de las personas con dependencia y a sus familias, los recursos específicos para que dicho cuidado sea compartido por toda la ciudadanía, ya que es un problema social de primer orden. Una familia con algún miembro con dependencia que no recibe la ayuda necesaria, es una familia sin la capacidad para desarrollar sus capacidades, y por tanto, se convierte no ya en un ciudadano dependiente, sino una familia dependiente, por lo que además se transforma en injusto e insolidario.

 

  • Atención continua, especializada y personalizada por parte de la administración, en virtud de las necesidades de la persona dependiente y de sus familias.
  • Ayudas económicas que ayuden a cubrir los gastos extras ocasionados.
  • Centros especializados de custodia y cuidados para que las familias puedan tener periodos de descanso psicológico y vacacionales.

Unidad especializa y dedicada a traslados de dependientes a los centros médicos para pruebas y atención especializada.

Garantizar el suministro energético a precio justo y cobertura gratuita en caso de pobreza energética. Andalucía tiene todas las condiciones climatológicas y geográficas para alcanzar la plena soberanía energética basada en energías limpias y renovables suficientes, como para garantizar el suministro energético tanto a la población civil, como a nuestro proceso productivo.

En base a dicha capacidad, la República debe poner en marcha los medios necesarios para garantizar el suministro a las personas con riesgo de pobreza energética con medidas concretas y efectivas.

 

  • Bono energético a las familias en riesgo de pobreza, para de, ese modo, garantizar el continuo suministro energético al mismo nivel que el resto de la población. Dicho bono estará acorde con las necesidades familiares en virtud del número de personas que la componen.
  • Potenciar, en aquellas áreas de difícil abastecimiento, como puede ser el medio rural, la instalación en usufructo, del modelo de autoabastecimiento más adecuado al medio, ya sea el eólico, solar o cualquier otro más adaptado al entorno.
  • Dado que no hay ninguna empresa productora de energía con sede en Andalucía, la República lo tendría fácil para nacionalizar el servicio y crear una empresa energética pública, que priorizara y, llegado el caso, exclusivizara, las energías renovables.

Recuperar las viviendas de protección oficial y autosuficientes energéticamente. Este tipo de vivienda no dependería energéticamente de suministro externo y se le daría un gran empuje a las empresas andaluzas que desarrollan dicha tecnología y que fomentan el empleo de calidad. A la vez desarrollamos nuestro Estatuto en tanto todo Andaluz tiene derecho a una vivienda, en vez de crear guetos y conflictos sociales, como se hace ahora.

Derecho a la vivienda debe estar garantizado de forma digna, a todos los andaluces y andaluzas y a todo ciudadano que, por motivos laborales o discapacidad de cualquier tipo no tenga acceso a ella. Para ello, la política de vivienda debe estar encaminada a prevenir e impedir la especulación urbanística y los abusos de los propietarios a los inquilinos de las viviendas en alquiler.

 

  • Eliminación del chabolismo y la infravivienda que aún puebla toda la geografía andaluza. Ningún andaluz, o residente en Andalucía, debe vivir en condiciones no dignas.
  • Propiciar un urbanismo que potencie el modelo cultural de la ciudad andaluza y su esté Crear el Servicio Comarcal público de vivienda e incremento inmediato del gasto público en la promoción de vivienda protegida y social.
  • Expropiación en usufructo de los inmuebles cerrados, retenidos por más de un año por los bancos, inmobiliarias, promotoras, constructoras ó particulares, como modo de incrementar el parque de viviendas a disposición de los servicios sociales.
  • Creación de un sistema de alquiler de viviendas de propiedad pública, a ciudadanos desprotegidos y como ayuda a la emancipación de los jóvenes.

Control de la calidad en la edificación.

Debe ser, debido a la trágica historia de emigración del pueblo andaluz, tenida en cuenta con atención especial. Aunque la máxima prioridad de la República debe ser, es, conseguir el pleno empleo, y por tanto hacer desaparecer la necesidad de la emigración forzosa por falta de empleo, la emigración andaluza es una triste realidad a la que atender.

Por ello, se deben poner al servicio de nuestra emigración los medios adecuados de protección familiar tanto en origen como en destino, y las ayudas legales, en caso necesario, en los consulados y embajadas. Esta emigración puede ser bien temporal, de larga duración o permanente, y por tanto cada una de ellas debe tener el tratamiento más adecuado para la eficacia de las ayudas y asistencia.

Del mismo modo es importante no descuidar la asistencia educativa, cultural y de identidad de los emigrantes y sus hijos e hijas, para que, en ningún momento pierdan el contacto con su origen y pertenencia colectiva.

 

  • Unidades especializadas de orientación en emigración, para orientar el tipo de trabajo, contrato y modos de vida en los países de destino.
  • Unidades de apoyo incardinadas en las embajadas y consulados en los países de destino para la orientación y defensa de los emigrantes. Del mismo modo se encargarán de la formación y educación de los niños y jóvenes en la emigración.
  • Centros de acogida y permanencia de los hijos de emigrantes en origen, bien durante el periodo de trabajo, en el caso de los temporales, o bien durante el periodo de adaptación de los contratos de larga duración o permanentes.
  • Ayudas y orientación al regreso y reintegración de los emigrantes y sus familias a la hora de regreso a Andalucía, con las ayudas económicas y sociales, adaptadas a las necesidades de cada familia.

Debe ser, debida la situación geoestratégica de Andalucía, y los flujos inmigratorios que soporta, tenida en cuenta con especial atención por la política social del Gobierno de la República.

Al ser Andalucía, debido a la historia de emigración de nuestro pueblo, una sociedad con especial sensibilidad hacia la inmigración, las acciones dedicadas a la misma deben reflejar dicha actitud y sensibilidad. Los andaluces sabemos que ningún ser humano emigra y deja atrás su tierra y su familia por capricho o gusto. La emigración es siempre el resultado de falta de medios, guerras, persecución política y otras. Por tanto, en ningún caso, ningún inmigrante debe ser considerado como un delincuente que debe rendir cuentas ante la justicia, sino un ser humano que necesita atención y ayuda.

Sin perder de vista el hecho que se debe potenciar los flujos migratorios legales y pactados con los gobiernos de los países de origen, y la legítima defensa territorial, que debiera ser el marco legal de todo flujo, no debemos olvidar ni obviar que la actual realidad es muy distinta. Por tanto, y mientras se solucionan los problemas que producen dichos flujos fuera de los acuerdos internacionales de emigración e inmigración, se debe dar respuesta social y económica a los inmigrantes que de ese modo lo necesiten.

 

  • Crear órganos administrativos especializados en inmigració Al no ser este un problema criminal, sino social, no debe ser tramitado por juzgados de la administración de justicia, ni dependientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
  • Centros especializados de acogida primaria, dependiente de los responsables de Asuntos Sociales, que atiendan en primera instancia la llegada de los inmigrantes y cubrir sus necesidades básicas.
  • Unidades de clasificación de inmigración para determinar su origen, causa, capacidad de integración, destino y demás condicionantes culturales, profesionales, sociales y familiares para la integración en cada caso.
  • Unidades de ayuda a la repatriación ordenada y orientada, en el caso de existir tratados de repatriación pactada con los países de origen.
  • Voluntariado familiar de acogida temporal de los inmigrantes que tengan como destino la integración social y profesional, en Andalucía. Estas familias son las encargadas, con la ayuda económica y técnica necesaria, de la adaptación a la realidad andaluza, tanto en lo cultural, como en lo social y educativas, para que, a la mayor brevedad posible, puedan integrarse en la sociedad andaluza.
  • Ayuda y orientación continua al regreso a sus países de origen en aquellos casos que así se solicite en los casos de los refugiados políticos o de guerras, una vez finalizada esta.

Todo ser humano, del mismo modo que tiene el derecho a una vida digna, tiene el derecho a una muerte digna. No es humano tener a una persona sufriendo al final de su vida, o bien por motivos de una enfermedad terminal, si esta decide morir de forma consciente y sin sufrimientos gratuitos.

Para ello se impulsará el pleno desarrollo de la Ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. Los requisitos necesarios que los que autorizarán la práctica de la eutanasia en la República Andaluza son los siguientes:

 

  • Que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea residente en Andalucía.
  • Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, que es plenamente capaz y se ha reiterado en su voluntad. Ésta puede haber sido manifestada en un documento de voluntades anticipadas.
  • Que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora.
  • Que se haya informado al paciente de su situación y de las perspectivas de futuro.
  • Que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya corroborado el cumplimiento de los requisitos. En caso de sufrimiento psicológico se tienen que consultar dos médicos. Los médicos consultores tienen que ver al enfermo y elaborar un informe por escrito sobre la situación.
  • Que la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se haga con el máximo cuidado y profesionalidad.

 

Del mismo modo, y siendo conscientes de los problemas morales, religiosos y éticos que lleva el Suicidio Voluntario, la República está obligada a dar respuesta a todos y cada uno de los problemas que una sociedad moderna y en pleno cambio plantea.

Por ello, estamos convencidos que “las personas que estén convencidas de que su vida terminó por cansancio vital, deberían poder ponerle fin de una forma digna, de acuerdo a unos criterios estrictos y cautos”. Dado que el sentimiento de “vida realizada se presenta principalmente en las personas de edad”, el nuevo derecho estará reservado para tales personas, pero sin precisar una edad específica.